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Burla a la Justicia Chilena: Nombramiento de Solange Huerta como Directora Nacional del SENAME

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El reciente nombramiento de la Ex Fiscal Regional Solange Huerta como nueva Directora Nacional del SENAME –cargo eminentemente político– y a sólo pocos meses de dejar la entidad persecutora, no solamente cuestiona el sistema de selección de nuestras altas autoridades, sino que desacredita la objetividad que pesa en cada uno de los fiscales y en el Ministerio Público como institución, supuestamente, autónoma.

En efecto, el nombramiento aludido nos posiciona al mismo nivel que países como Venezuela o Argentina (sabidas son las presiones que recibió, por parte de Maduro, el Fiscal Franklin Nieves para acusar a líderes opositores mediante pruebas falsas, o el asesinato del Fiscal Alberto Nisman que investigaba por diversos ilícitos a la Ex Presidenta Cristina Fernández), cuestiones todas que, hasta ahora, nos jactábamos no sucedían en Chile.

Lo anterior, no solo por lo palmariamente burdo y desatinado del nombramiento, sino porque efectivamente existían antecedentes en contra de la Presidente de la República Michelle Bachelet por el “caso Tsunami”, al igual que contra otros personeros de su gobierno, entre ellos, el ex Subsecretario del Interior, Patricio Rosende, y la ex Directora de la Onemi, Carmen Fernández, hoy todos virtualmente absueltos.

Recordemos que tras el terremoto y tsunami de febrero de 2010, más de 150 personas fallecieron directamente a causa de las erradas instrucciones impartidas por la autoridad (pese a que en principio las víctimas se encontraban a salvo, pues de manera autónoma se habían refugiado en lugares de mayor altura y alejados del mar), tal como consta en las más de 15 carpetas que conforman la investigación, elaboradas principalmente por peritos de la Policía de Investigaciones (PDI).

De esta manera, resultan improcedentes todo tipo de fundamentaciones o, incluso, la mayor o menor expertise que en términos del nombramiento posea Huerta, pues sobre ella pesaba la actividad persecutora del Estado en representación de la sociedad toda, actividad que debió llevar a cabo frente a cualquier clase de delitos (de acción penal pública), y sea quien sea el sujeto imputado.

El rol del Ministerio Público, consagrado constitucionalmente y en su Ley Orgánica, debe ser cumplido y protegido por todos sus miembros y, más aún, tratándose de sus jefaturas, como lo es un Fiscal Regional. Huerta mostró durante la última etapa de la investigación del “caso Tsunami”, una evidente dejación de su actividad persecutoria –recordemos que, desde la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal, año 2000, ha sido la causa con mayor extensión y dilación hasta ahora registrada–, sin mencionar el evidente abandono de las víctimas, respecto de quienes se propusieron acuerdos sin contar con su consentimiento.

Lo anterior, que podría eventualmente enmascararse bajo las legítimas facultades exclusivas de dirección de la investigación que poseen los fiscales, hoy queda bajo un evidente manto de duda por la eventual existencia de influencias políticas en la causa que se auto evidencian con este nombramiento.

Legislativamente podrían proponerse modificaciones en aras a establecer mayores restricciones e inhabilidades para acceder a cargos públicos por parte de quienes han detentado posiciones relevantes en el Ministerio Público, sin embargo, ello no podría aplicarse retroactivamente a Solange Huerta ni al actual Gobierno, quienes lisa y llanamente han socavado los principios más elementales que erigen nuestro Estado de Derecho, deslegitimando nuestras instituciones y el espíritu republicano que las cimienta.

Hoy Chile se aleja de la transparencia, desprecia sus principios y se mimetiza con países bananeros que repudian los valores que nos han caracterizado durante toda nuestra historia. Estas prácticas son reflejo de la decadencia de nuestra clase política que desprecia el pudor y se burla de la ciudadanía. En efecto, nadie ha quedado indiferente frente a este nombramiento, y difícilmente, haga lo que haga Solange Huerta en el desempeño de sus funciones, pueda ocultar lo que para todos resulta indudable, la justicia en Chile ha sido burlada.

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Acerca Alejandro Leiva

Alejandro Leiva

Doctorando en Derecho Penal, Universidad de los Andes. Magíster en Derecho Penal, Universidad de Chile. Abogado, Universidad del Desarrollo. Actualmente es profesor de Derecho Penal y Director de la Carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile.