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Delincuencia: El Estado de Derecho en Juego

Poder judicial (foto columna)El pasado lunes 04 de agosto, mientras sacaban su auto para ir al trabajo, un padre y un hijo fueron amenazados y atacados por delincuentes quienes les robaron el vehículo y huyeron. Las víctimas, en un supuesto acto de legítima defensa, persiguieron a los ladrones y, al alcanzarlo a más de un kilómetro y medio de su casa, lo enfrentaron y le pegaron hasta matarlo. Al día siguiente del hecho, la jueza a cargo del caso decidió que no se justificaba la “legítima defensa” y que padre e hijo deberían quedar en prisión preventiva.

Tras estos hechos se ha iniciado un gran debate entre quienes apoyan la decisión de la jueza, por ajustarse a la ley y quienes no, argumentando que los delincuentes tienen más derechos que los ciudadanos honestos, que si los hubieran atrapado habrían salido libres o que finalmente, uno tiene el derecho de proteger lo que es suyo, más aún si está siendo amenazado.

Y es cierto. La delincuencia ha aumentado. De acuerdo a la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana – cifras oficiales del gobierno – el último año la victimización aumentó de un 23,5% a un 26,4%, rompiendo la tendencia a la baja que traía desde el año 2003. La delincuencia sigue siendo la primera prioridad de las personas y a la vez sigue siendo el tema en que está peor evaluado el gobierno.

Por el lado del ejecutivo, no se ven políticas públicas que apunten decididamente a abordar este problema que afecta directamente la calidad de vida de miles de chilenos. Esto, sumado a que muchas veces vemos cómo delincuentes no están más de 24 horas detenidos – para después volver a cometer un delito – produce impaciencia y desesperación en la población.

Sin embargo, y aunque verse expuesto a un delito violento debe provocar cierta “locura temporal”, no podemos perder el norte como sociedad. La Constitución y las leyes están para respetarse si no queremos que en nuestro país impere en la ley de la selva. Si bien el concepto de legítima defensa está amparado en nuestro código penal, uno de sus requisitos es que la agresión debe ser real, esto es, “ser actual o bien ser inminente, por lo que no es posible la eximente frente a agresiones completamente consumadas”.

Perseguir a una persona – delincuente o no – por 1,67 kilómetros y pegarle con puños y un elemento contundente hasta causarle la muerte está lejos de lo permitido en nuestras leyes. Y aunque es cierto que existen jueces garantistas que usan interpretaciones procesales para rebajar una condena o bien no decretar prisiones preventivas, y otros que pueden actuar sobre la base de ideologías, este no parece ser el caso.

Vivimos en una época de crispación social. Más aún, cuando nos vemos indefensos ante el aumento del delito y la pérdida de libertad y derechos que eso conlleva. Y todavía más cuando vemos que las autoridades no hacen suficiente por solucionarlo y que la justicia, a nuestros ojos, muchas veces no funciona. Sin embargo, eso no puede ser justificación para que cambiemos nuestros códigos e institucionalidad, para que creamos que podemos tomar la justicia en nuestras manos y, peor aún, denunciar públicamente – con insultos e incluso amenazas – el actuar de una jueza que cumplió con su tarea y funciones tal como se expresa en nuestra legislación.

Es triste y doloroso ver cómo personas se refieren al delincuente muerto como una “lacra a la que nadie extrañará” o cómo personas con mucho poder de influencia (por ejemplo, en un matinal) opinan livianamente criticando la decisión de la jueza. Muchos preguntan “¿qué haría usted si se ve amenazado con su hijo?”, y la respuesta, obviamente, será actuar con todos los medios posibles para defendernos. Pero no una vez que ya pasó el peligro y en una acción que resultó ser un ajusticiamiento o una venganza más que un acto de protección.

Tenemos que ser más responsables. La vida de una persona es irrecuperable y, si bien hay circunstancias en que se puede justificar (como en la guerra o en la legítima defensa), no podemos legitimar actos que nuestro contrato social ha declarado como ilegales por atentar contra las personas o por ser un peligro para la sociedad. Debe prevalecer la cordura y el imperio de la ley.

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Acerca Pia Greene

Pia Greene

Cofundadora y Directora de Dcolumnist.com. Periodista de profesión, intento de escritora por vocación. Eterna estudiante, servidora pública, profesora universitaria y consultora. Esposa enamorada y madre dedicada de gemelas idénticas y perfectamente complementarias. Amiga fiel en varios rincones del mundo, amante de viajar y comer. Intensa pero reciente deportista, ávida lectora y consumista culpable de películas y series. Donante sin restricción. Libre y liberal.

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