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Proceso Constituyente y Dilemas Constitucionales

Constitución

Pronto comenzará una nueva etapa del proceso constituyente que impulsa el Gobierno. Esta estará marcada por los cabildos provinciales (23 de julio) y regionales (6 de agosto). Ello es sinónimo de que el proceso –con sus luces y sombras– comienza un proceso de consolidación y más allá de las formas, el momento de los contenidos resulta inescapable.

La Constitución futura –prácticamente todas las constituciones– seguramente estará compuesta por tres pilares fundamentales: principios y valores fundamentales; órganos del Estado y derechos y garantías. Es sobre estas materias que los chilenos deberán pronunciarse; varios miles lo hicieron en los encuentros locales. Así, resulta relevante poner sobre la mesa algunos de los dilemas que estarán en juego en estos ámbitos.

En primer lugar, entre los principios y valores de la Constitución, seguramente existirá consenso en torno a valores como la dignidad humana, la democracia, los derechos humanos, la libertad y la igualdad. Habrá menos consenso si se quieren definiciones específicas sobre principios y valores, por ejemplo, el rol del Estado: si es subsidiario, neoliberal, socialista, solidario, etc. Principios amplios y genéricos son positivos porque permiten que legisladores vayan en el juego democrático articulando los mismos en políticas públicas concretas, resolviendo los temas controversiales. Por el contrario, fórmulas cerradas, específicas, seguirán dividiéndonos y calificando de alguna forma la Constitución.

En segundo lugar, en materia de instituciones, existe amplio consenso en la necesidad de regular los poderes clásicos (Congreso, Gobierno y Judicatura), dando cuenta del principio de separación de funciones y sus mecanismos de equilibrios recíprocos. Menos consenso habrá a la hora de ampliar el catálogo de instituciones a constitucionalizar. Órganos de control como la Contraloría o el Tribunal Constitucional, la Justicia Electoral y el Banco Central, llevan la delantera a nivel académico para permanecer en la Constitución (como capítulos especiales que merecen algún desarrollo). Más discusión habrá en torno a mantener capítulos como Ministerio Público, FF.AA. y de Seguridad Pública, COSENA (que seguro será eliminado), pues bastaría referirse a ellos en un par de artículos sin darles la relevancia que tienen hoy. En el campo del populismo constitucional quedan a mi juicio las propuestas de constitucionalizar órganos como el Sernac o la Fiscalía Nacional Económica. No resulta sensata la inflación de órganos del Estado en la Constitución.

En esta materia, un tema central resultará el del régimen político: nuestra larga tradición de presidencialismo reforzado (herencia de la Constitución de 1925, profundizada por la actual), ha dado cuenta, a mi juicio, de una frágil estabilidad: todos recuerdan las administraciones de Presidentes fuertes, pero también todos son testigos de las crisis de las presidencias débiles. En ambos casos, con el agravante de un Congreso infantilizado, sin capacidad de toma de decisiones, y sin un sistema político con la flexibilidad suficiente para dar golpes de timón (los cambios de gabinete son un débil sustituto). En esta materia, parecen interesantes fórmulas de presidencialismo moderado o clásico (como el norteamericano) o avanzar hacia el semipresidencialismo (matizando el modelo francés para Chile).

Finalmente, los derechos constitucionales son claramente la “niña bonita” de esta fiesta. Generan mayor simpatía en la ciudadanía, especialmente derechos sociales como la educación y la salud. La discusión sobre los derechos sociales estará marcada no sólo por la conveniencia o no de su ampliación (hoy existe una serie de derechos sociales en la Constitución), sino por la forma en que se implementa: ¿serán entregados como objetivos sociales o metas solidarias que quedaran como mandatos al legislador y la Administración para ser definidos en el proceso democrático (cuánto y cómo gratuidad universal en la educación superior, cobertura de enfermedades catastróficas, viviendas de calidad, etc.) o serán derechos universales exigibles ante un juez?¿será una fórmula intermedia?

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Acerca José Francisco García

José Francisco García

Abogado y Magíster en Derecho Público de la Universidad Católica. Es Máster y Doctor en Derecho de la Universidad de Chicago. Ha sido Académico Visitante en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oxford. Es Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica y socio en el estudio jurídico Fermandois y Cía. Abogados.